Dentro de los próximo
meses entrará en vigencia la Ley de Inclusión Laboral, iniciativa que ha
encabezado el Ministerio de Desarrollo Social junto al Ministerio del Trabajo y
el Servicio Nacional de Discapacidad (Senadis), con el objeto de asegurar la
efectiva igualdad de oportunidades y plena inclusión de las personas en
situación de discapacidad, tanto en el ámbito público como en el privado a
través de una reserva legal de empleo, además busca eliminar la discriminación
salarial que existe respecto de los trabajadores con discapacidad mental.
Debido a lo anterior,
en el Maule se constituyó la Mesa Regional para la Inclusión Laboral,
encabezada por el seremi de Desarrollo Social, José Ramón Letelier, su par del
Trabajo, Elia Piedras, y la directora de Senadis, Carla Matteo, con el
propósito de socializar el Proyecto de Ley y trabajar fórmulas para aterrizar
la iniciativa a la región.
“Es una Ley que ha
sido muy solicitada por las personas en situación de discapacidad y las
respectivas organizaciones. Especialmente porque las empresas que tengan más de
cien empleados, deberán tener al menos un 1% de sus puestos de trabajo
reservados para ellos. Por ello el objetivo de esta mesa, donde hay diversos servicios
públicos, es apoyar el proceso y difundirlo con la sociedad civil y
organizaciones pertinentes. Éste y una serie de otros esfuerzos forman parte de
la lucha contra la desigualdad, que impulsan el Gobierno de la Presidenta
Bachelet en distintas áreas, pues estamos convencidos que un país más inclusivo
y menos desigual, es un país que valora la diversidad, promoviendo y
garantizando la igualdad de derechos”, aseguró Letelier.
Mientras que la directora
de Senadis, Carla Matteo, agregó que “establecimos la primera mesa de trabajo.
Esta Ley ya fue aprobada en el Congreso y esperamos que entre en vigencia de
fines de año, con lo que se podrá resguardar cupos laborales para personas en
situación de discapacidad, así como también que la remuneración sea igual a
cualquier empleado”.
NUEVA LEY
Dentro de las principales
indicaciones, las autoridades destacaron que la Ley de Inclusión Laboral propone
el 1% de cuota laboral para personas en situación de discapacidad en organismos
del Estado (civil y militar) y empresas que tengan cien o más trabajadores o
funcionarios.
El proyecto consagra
el principio de no discriminación en el Estatuto Administrativo, prohibiendo
explícitamente todo acto de discriminación que se traduzca en exclusiones
basadas en motivos de discapacidad.
La indicación deroga
el artículo N° 16 de la Ley N° 18.600 que señala que “el contrato de trabajo
que celebre una persona con discapacidad mental, podrá estipularse una
remuneración libremente convenida entre las partes, no aplicándose a este respecto
las normas sobre ingreso mínimo”. La derogación se efectuará de manera
inmediata.
Además, la Dirección
Nacional del Servicio Civil y el Senadis serán responsables de velar por su
cumplimiento en el caso del sector público, y la Dirección del Trabajo y el
Servicio de Impuestos Internos en el caso de las empresas privadas.
También se fija en 26
años la edad límite para suscribir contrato de aprendizaje con personas con
discapacidad, asimilándola a la edad de término de la educación especial.
Los Ministerios del
Trabajo y de Desarrollo Social estarán encargados de evaluar esta ley cada
cuatro años, teniendo en cuenta la naturaleza cambiante del mercado laboral y
la necesidad de ir adecuando el sistema de inclusión. Sin embargo, solo para el
inicio de la norma se estableció un plazo de tres años para su revisión, lo que
implica que ambos ministerios emanarán un informe al Congreso para evaluar si
el porcentaje se mantiene o se eleva, o si cambia el tamaño de las empresas que
deban acogerse a la norma.
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