Presidente del Senado
ofreció su apoyo para que tanto el Legislativo como el Ejecutivo acojan
planteamientos en orden a garantizar el derecho de comunidades costeras a
mantener su actividad extractiva ancestral.
Representantes de comunidades
mapuche – lafkenche pidieron la intervención del presidente del Senado para que
sus planteamientos frente al proyecto que moderniza el Servicio Nacional de
Pesca sean escuchados en la comisión correspondiente. Alcaldes, concejales y
dirigentes de comunas costeras ubicadas entre las regiones del Bio Bio y Los
Lagos, acompañados por el diputado Manuel Monsalves, entregaron al senador
Andrés Zaldívar una carta en la que afirman sentirse excluidos del proceso de
discusión de dicho cuerpo legal.
El edil de Renaico (IX Región),
Juan Carlos Reinao, destacó la necesidad de proteger la actividad extractiva
ancestral de los pueblos originarios. Señaló que, desde su origen, el proyecto que
busca regular la pesca ilegal “no incorpora la opinión de los pueblos indígenas
sobre las medidas que los afectan, específicamente en lo relativo a la
fiscalización del uso de los recursos marinos”.
A juicio de Reinao, quien preside
la Asociación de Alcaldes Mapuche, la iniciativa “deja en la ilegalidad a
comunidades que han trabajado por décadas en el borde costero, desarrollando
una actividad de subsistencia y soberanía alimentaria”. Asimismo, sostuvo que
se contraviene el Convenio 169 de la OIT, que garantiza el derecho de los
pueblos originarios a participar en la utilización, administración y
conservación de los recursos naturales existentes en sus tierras.
El senador Andrés Zaldívar se
comprometió a comunicar la situación a las comisiones de Pesca y Hacienda de la
Cámara Alta y al Ejecutivo, además de entregar la carta a los senadores y
diputados de las comunas involucradas, acción que concretó minutos después de
la reunión.
El presidente del Senado dijo que
pidió a la comisión de Pesca recibir a los representantes de los pueblos
originarios “con el fin de abrir un espacio de conversación sobre el tema y acoger
las demandas que ellos plantean”. Añadió que la ley -que se encuentra en su
segundo trámite constitucional- “debe contemplar derechos que no pueden ser
vulnerados, especialmente el Convenio 169, que debe ser cumplido con mucha
estrictez”.
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