“Urgencia” pidió el diputado de la UDI, Ignacio Urrutia,
al proyecto de ley que sanciona a quienes realicen llamadas falsas a los
servicios de emergencia, presentado por la Bancada UDI el año 2009.
Esto, explicó el
parlamentario gremialista, tras conocer la realidad de Cauquenes donde más del
50% de los llamados al 133 son bromas, y a nivel nacional, la cifra alcanza el
25%.
Por esta razón,
es que el diputado UDI aseguró que “resulta fundamental
que el Gobierno tome conciencia de esta tremenda realidad y de una vez por
todas se legisle con urgencia en esta materia que tanto daño hace a la
población”.
Y lamentablemente
argumentó Urrutia “de acuerdo a las estadísticas a nivel nacional, entre enero
y octubre del 2016, se recibieron 3.538.629 pedidos telefónicos a nivel
nacional. De estos, las bromas suman 894.755, lo que representa un 25% de los
requerimientos. En tanto, las llamadas que derivaron en un procedimiento real,
llegaron al 20%”.
Y continuó: “el
parlamentario explicó que este tipo de conductas, cada vez más recurrentes
causan un grave daño a la fe pública y ponen en jaque a los servicios de
seguridad y rescate, quienes distraen recursos económicos y humanos al ir en
ayuda de una alarma que en apariencia parece verdadera, pero que en definitiva
es el resultado de mentes ociosas o enfermizas”.
En concreto, el
diputado Ignacio Urrutia indicó que la iniciativa legal -que duerme en el
Congreso- establece que “quienes realicen llamadas falsas a los servicios de
emergencia tendrán que pagar una suma aproximada de 7,2 millones de pesos”.
Por esta razón,
finalizó el diputado Ignacio Urrutia “reitero el llamado al Ejecutivo a ponerle
urgencia a un proyecto de ley que busca sancionar no sólo un grave atentado al
patrimonio de las instituciones en cuestión, sino que también, lo que significa
movilizar personal especializado y técnico en su labor de ayuda a la comunidad,
que pone en riesgo evidente y latente las vidas de cada uno de ellos”.

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