A principios del
próximo año debería entrar en vigencia la Ley de Inclusión Laboral en el país,
iniciativa que asegura una reserva laboral de empleo de un 1% para personas en
situación de discapacidad.
En la Región del
Maule, más de 520 empresas deberán cumplir con la normativa, con quienes se
espera hacer un trabajo de difusión a fin de que lograr una buena
implementación.
Debido a lo anterior,
la Seremi de Desarrollo Social, junto a su par del Trabajo y Senadis,
conformaron la Mesa Regional para la Inclusión Laboral, a través de la cual se
han realizado diversas labores, como identificar a las empresas maulinas,
sensibilizar y orientar a los servicios públicos y organizar encuentros
ciudadanos en toda la región.
“Nuestro objetivo es
visibilizar la promulgación de la ley y sensibilizar tanto a los organismos
tanto públicos como privados que deberán ajustarse a la normativa. Durante
estos meses en que se creará el reglamento que entrará en vigencia a principios
de 2018, debemos coordinar seminarios donde participará la sociedad civil,
empresas y el Estado, además de universidades, sindicatos y asociaciones de
funcionarios públicos. Todo ello complementado con una feria laboral que
permita establecer contactos con los potenciales contratantes”, aseguró el
seremi José Ramón Letelier.
Mientras que su par
del Trabajo, Elia Piedras, agregó que “las empresas y servicios públicos
tendrán que abrir espacios laborales para personas en situación de discapacidad.
Ahora pondremos manos a la obra en términos de iniciar conversaciones con estas
instituciones, para que se sientan acompañadas en el proceso de implementación
de la ley. Las fiscalizaciones en el sector privado estarán a cargo de la
Dirección del Trabajo, con la posibilidad por supuesto de cursar multas, cuyos
montos aún se encuentran en etapa de definición a nivel central, mientras que la
Dirección Nacional del Servicio Civil y Senadis serán los responsables de velar
por su cumplimiento en el caso del sector público”.
NUEVA LEY
La Ley de Inclusión
Laboral propone un 1% de cuota laboral para personas en situación de
discapacidad en organismos del Estado (civil y militar) y empresas que tengan
cien o más trabajadores.
Además, consagra el
principio de no discriminación en el Estatuto Administrativo, prohibiendo todo
acto que se traduzca en exclusiones por motivos de discapacidad y deroga el
artículo que señala que “el contrato de trabajo que celebre una persona con
discapacidad mental, podrá estipularse una remuneración libremente convenida
entre las partes, no aplicándose a este respecto las normas sobre ingreso
mínimo”.
Los Ministerios de
Desarrollo Social y del Trabajo evaluarán la ley cada cuatro años (tres en una
primera instancia), teniendo en cuenta la naturaleza cambiante del mercado
laboral y la necesidad de ir adecuando el sistema de inclusión.
Cabe consignar que en
el sector privado hay más de 7 mil 600 empresas que cumplen con el requisito de
tener cien o más empleados, por lo que se podrían habilitar más de 25 mil cupos
laborales para personas con discapacidad. Mientras que en el caso del sector
público, hay 158 instituciones que podrían habilitar 2 mil 500 puestos de
empleo.
0 comentarios:
Publicar un comentario